Manuel Navas. Politòleg
La trastienda. A poco que se conozca algo sobre procesos de resolución de conflictos en el ámbito internacional se sabe que, cuando una organización armada decide un alto el fuego permanente, como el anunciado por ETA, es porque ha existido previamente un intenso trabajo entre bambalinas que ha establecido unos mínimos aceptados por las partes (léase, Gobierno de Rodríguez Zapatero y ETA). Es decir, que esta oportunidad no se ha producido espontáneamente, sino como colofón de unas preliminares.
PP. El papel de francotirador elegido por el PP, para contentar a su parroquia más retrógrada, es un plus añadido a una formación política que tiene, en su carácter postfranquista el principal problema para obtener credibilidad democrática. Ese handicap le imposibilita para entender y asumir un proceso democrático de esta naturaleza, y menos cuando siguen empeñados en generar dudas en la ciudadanía sobre la autoría del atentado del 11-M. De otra parte, no dejar de ser un sarcasmo que, los principales beneficiarios del alto precio político pagado por la transición, (nadie pidió responsabilidades a los militantes de la dictadura franquista), se rasguen ahora las vestiduras por una negociación política.
Cambiar el chip. Por los comentarios que se escuchan y leen, alguien debería hacer notar a los gurús mediáticos que deben cambiar su discurso, da la impresión que, a buena parte de los “formadores” de opinión, la noticia, aunque esperada, les ha pillado con el paso cambiado provocándoles honda frustración. Afortunadamente, esa zozobra, que parece inundar el alma cuartelera de algunos, contrasta con la esperanza que para la mayoría de la población ha traído la noticia. No obstante, no se descartan cambios camaleónicos, más que por convencimiento, por llamadas al orden de quien corresponda.
El contencioso. Pues va a resultar que efectivamente, existía un contencioso político pese a que desde Madrid haya sido negado sistemáticamente. El nuevo marco reclama un giro sustancial en temas de hondo calado como la Ley de Partidos que ilegalizó a Batasuna, o el cierre de medios de comunicación como Egin y Egunkaria, o las lecturas sesgadas del Código Penal con evidentes objetivos políticos, o el andamiaje de dudosa legalidad que sustenta el macroproceso político 18/98 o más aún, asumir que ETA existe porque hay conflicto y no al revés. Así que, bueno sería desactivar los mecanismos represivos que el Estado mantiene contra el “problema vasco”: de entrada, comenzar por aplicar la legislación penal y penitenciaria ordinaria a los presos (acercamiento, refundiciones de condenas, etc.) y por sentido común, suspender las actuaciones contra los interlocutores.
El proceso. Aunque el alto el fuego no suponga en sí mismo el principio del fin del conflicto, coincidiremos en que facilita el inicio de un proceso de acuerdo democrático. Comienza una larga y compleja travesía no exenta obstáculos, que precisará una labor minuciosa y que requerirá plazos generosos. Una negociación que exigirá mucha responsabilidad a todas las partes y mucha voluntad de avanzar en la resolución de un conflicto sustentada en el diálogo, la negociación y el acuerdo, y, en último término, la decisión que adopte la ciudadanía vasca, porque, la participación social es clave para impulsar, blindar y, finalmente, a través de la consulta popular, concluir y legitimar el proceso, de ahí que quepa exigir a los estados español y francés que asuman, sin injerencias, la voluntad de los/as ciudadanos/as vascos/as.
Autodeterminación. Sin árbol alguno que impida ver el bosque, se pone de nuevo encima de la mesa el tema estrella de este contencioso: el derecho que tiene un pueblo para decidir democráticamente qué tipo de relaciones desea mantener con sus vecinos. De seguirse negando, además de dejar el conflicto peligrosamente irresuelto, alguien debería explicar a la ciudadanía, lo más clara y pedagógicamente posible, es decir y parafraseando a Einstein de tal manera “que lo pueda entender hasta mi abuela”, ¿qué de malo tiene ejercer ese derecho democrático?